Entre acuerdos y desacuerdos
Así, luego de la caída del Directorio en 1820, el poder central generado durante el proceso revolucionario, cada ciudad, en condición de igualdad con las otras, se volvió autónoma y comenzó a diseñar su propio Estado de dimensiones, ahora, provinciales. En poco tiempo, cada provincia dictó su constitución, elaboró diferentes símbolos como escudos y banderas, acuñaron monedas, cobraron impuestos y establecieron aduanas, además de formar sus propias fuerzas militares. De esta manera, el panorama que abrió la crisis de 1820 y que se mantuvo, aunque con fuertes turbulencias, hasta 1852 consistió en provincias autónomas que se aliaban ocasionalmente por conveniencia y objetivos comunes en una confederación. Así, por ejemplo, se formó la Liga del Interior (1830), se firmó el Pacto Federal (1831) o se organizó la Coalición del Norte (1840). Sin embargo, estas uniones no implicaban, en ningún caso, la pérdida de las atribuciones soberanas de las partes integrantes, pudiendo, a su vez, abandonar la unión cuando lo quisiesen. Tampoco la unión confederal significaba que el órgano de gobierno central tuviese jurisdicción sobre las provincias más allá de lo acordado.
Esta situación alcanzó su máxima expresión durante la Confederación Argentina (1835-1852) liderada por Juan Manuel de Rosas. Sin dictar una constitución ni establecer un poder sobre el conjunto de la confederación, se delegaron en el gobernador de Buenos Aires el mando de la fuerza armada para liderar las guerras defensivas y las relaciones internacionales de la confederación. Sin embargo, a medida que el tiempo pasó surgieron fuertes oposiciones a este liderazgo producto de las consecuencias negativas que el mismo tenía para algunas regiones. La política librecambista, el control de la principal aduana, las limitaciones para la navegación de los ríos interiores y el poder hegemónico que había adquirido Rosas sobre el resto de las provincias, generaron enérgicas tensiones. Así, el sistema confederal, que teóricamente aseguraba a cada provincia su autonomía y soberanía, en la práctica se había convertido en el sistema que le permitía a la provincia más poderosa subordinar al resto.
En este contexto, el gobernador de Entre Ríos, Justo José de Urquiza, decidió en 1851 abandonar la Confederación Argentina y reasumir las atribuciones delegadas. Acto seguido lideró una alianza (junto a la Provincia de Corrientes, la República Oriental del Uruguay y el Imperio del Brasil) que terminaría por vencer a Rosas gracias al triunfo en Caseros (en febrero 1852). Luego de la victoria, el 31 de mayo de 1852, se firmó el Acuerdo de San Nicolás. El mismo sería fundamental para comenzar a construir un nuevo tipo de unión entre las 14 provincias existentes: una unión duradera basada en el establecimiento de un Estado federal.
Luego del rápido triunfo del Ejército Grande, comenzó la construcción de un nuevo orden que buscaba, por un lado, llenar el vacío de poder dejado por Rosas, mientras que, por el otro, otorgar un sustento definitivo a la unión interprovincial. Con estos objetivos, los representantes de Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe y Buenos Aires firmaron el Protocolo de Palermo (abril de 1852), en el cual nombraban a Urquiza como encargado de las relaciones exteriores y convocaban a todas las provincias a reunirse en San Nicolás.
Los representantes de 11 provincias (Salta, Jujuy y Córdoba lo suscribieron luego) se reunieron allí y firmaron el Acuerdo. El mismo establecía, entre otras cuestiones, “arreglar por medio de un Congreso General Federativo, la administración general del País, bajo el sistema federal” (art. 2) mediante el envío de dos diputados por provincia (art. 5) que al integrar el mismo se transformarían en diputados de la nación (y no en representantes provinciales) con el objetivo de sancionar la Constitución Nacional (art. 6 y 7). A su vez, determinaba la libre circulación de mercancías por el territorio de la unión sin posibilidad de imponerles derechos de tránsito (art. 3). Estas medidas estaban orientadas a establecer una unión duradera y definitiva.
Sin embargo, el Acuerdo de San Nicolás debía ser aprobado por las legislaturas de cada provincia dado que eran sus órganos representativos y soberanos. Trece lo aprobaron rápidamente, pero una lo rechazó: Buenos Aires. Los motivos eran varios. El Acuerdo había nombrado a Urquiza “Director Provisorio de la Confederación Argentina” (art. 18) otorgándole diferentes facultades como: confirmación en el rol de encargado de las relaciones exteriores; autorización para emplear la fuerza en pos de restablecer la paz ante hostilidades abiertas entre provincias o dentro de ellas (art. 14); otorgación, nombrándolo General en Jefe, del mando efectivo de las fuerzas represivas provinciales que pasaban a integrar el Ejército Nacional (art. 15); y capacidad para reglamentar recursos fiscales y para usar las rentas de las aduanas exteriores (art. 16 y 19).
Estas atribuciones, desde la perspectiva de Buenos Aires, resultaban peligrosas porque ponían en peligro su autonomía e intereses, a la vez que avasallaban sus derechos de estado soberano. Por tal motivo, la dirigencia porteña, luego de un levantamiento (septiembre de 1852) decidió retirar sus diputados del Congreso ya reunido en Santa Fe y declararse independiente de la Confederación Argentina.
El Acuerdo de San Nicolás: punto de llegada y punto de partida
El Acuerdo, como acabamos de relatar, puede ser pensado como un punto de llegada en relación a la historia anterior a su firma caracterizada por provincias autónomas y soberanas que se habían unido, ocasionalmente, en distintas formas confederales. En estos sucesos el Acuerdo fue el fin de este tipo de relaciones interprovinciales. Sin embargo, desde su firma también puede ser considerado un punto de partida dado que, a pesar de que Buenos Aires lo rechazó, las restantes trece provincias quedaron, como demostró la historia posterior, unidas indefinidamente. Así, el Acuerdo creó las condiciones mínimas necesarias para comenzar a forjar un verdadero Estado nacional federal, al cual, en pocos años Buenos Aires se integró conformando la República Argentina.
Dr. Vicente Agustín Galimberti
Sobre el Autor
Vicente Agustín Galimberti (Moreno, 1981) es Profesor y Licenciado en Historia y Especialista y Doctor en Ciencias Sociales y Humanas por la Universidad Nacional de Luján. Se desempeña como docente en dicha Universidad en las materias de Historia Social Argentina e Historia Americana; y en dos Institutos Superiores de Formación Docente en las materias de Historia Argentina del siglo XIX e Historia Americana del siglo XX.
Sus líneas de investigación se relacionan con las formas de participación de la población rural en los procesos políticos de la Provincia de Buenos Aires a lo largo del siglo XIX. Varios de sus avances han sido publicados en revistas y libros especializados.
